NO MÁS SILENCIO EN TELESECUNDARIAS
Denuncian a jefe de sector de telesecundarias en Tlaxcala por hostigamiento sexual, violencia institucional y abuso de poder
Maestras exigen justicia y denuncian que autoridades educativas han ignorado sus casos por más de un año.
En Tlaxcala, un grupo de maestras del sistema de telesecundarias ha hecho pública una denuncia contra Salvador Bazán N., actual jefe del sector 2 de telesecundarias, a quien acusan de hostigamiento sexual, acoso laboral, violencia institucional y abuso de poder.
Las docentes, quienes han ejercido durante años como profesoras, asesoras técnicas pedagógicas y directivas, decidieron romper el silencio ante la falta de respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) y otras instancias, a pesar de haber interpuesto denuncias desde hace más de un año.
Un patrón de violencia desde el poder
Los testimonios recopilados narran una serie de prácticas sistemáticas de hostigamiento, intimidación y abuso de autoridad por parte de Salvador Bazán N. Durante sus visitas a las escuelas, aseguran, se comporta con prepotencia, eleva la voz, humilla a los docentes, y convierte los espacios escolares en “inspecciones operativas y judiciales” donde se exhibe públicamente al personal, dejando de lado los objetivos educativos de los consejos técnicos escolares.
De acuerdo con las maestras, estas visitas se utilizan para imponer medidas administrativas arbitrarias, fomentar el control mediante el miedo, y desvalorizar el trabajo docente. Señalan que las reuniones de trabajo son utilizadas para humillar y amedrentar, y que sus decisiones están marcadas por una lógica de castigo.
Hostigamiento sexual y represión laboral
Una de las denunciantes, quien se desempeñaba como asesora técnica pedagógica, relató cómo fue víctima de hostigamiento sexual por parte del jefe de sector, quien, al no obtener respuesta a sus insinuaciones, reaccionó de forma violenta. Posteriormente, con el respaldo de otras autoridades, promovió su suspensión sin salario durante tres meses.
“Me obligaba a entrar a su vehículo, acondicionado como un espacio motelero, y dentro de las oficinas del sector me mostraba imágenes pornográficas. Al negarme, comenzó una campaña de difamación que terminó en un proceso administrativo en mi contra. Fui la única afectada, sin respaldo institucional, mientras él seguía en funciones”, declaró.
Otro de los testimonios señala el uso de perfiles falsos en redes sociales para difamar a las víctimas y crear campañas de desprestigio entre padres y madres de familia. También se ha denunciado que algunas maestras fueron reubicadas forzosamente a zonas de castigo, aisladas de sus redes de apoyo, como mecanismo de represión.
Impunidad institucional
A pesar de que en junio de 2024 un juez ordenó la separación del cargo de Salvador Bazán y la implementación de medidas cautelares, las víctimas aseguran que las autoridades educativas ignoraron esta resolución. Incluso después de que se emitiera la orden judicial, el servidor público continuó presentándose a su centro de trabajo, gestionando oficios y acudiendo a reuniones oficiales como si nada hubiera pasado.
El expediente judicial 174/2007 demuestra que Bazán ya había sido sancionado anteriormente por una conducta similar. En aquella ocasión fue suspendido por tres meses, pero reincorporado sin consecuencias duraderas, hecho que las víctimas consideran un ejemplo del encubrimiento institucional que lo ha protegido durante años.
Una de las maestras denuncia: “Denuncié formalmente ante la SEPE, la USET, la Comisión de Derechos Humanos y la Contraloría Interna, pero se me respondió que era un ‘asunto personal’. ¿Cómo puede considerarse personal cuando se utilizan oficinas públicas para cometer acoso sexual, cuando se violan derechos laborales, y cuando el agresor es un funcionario en ejercicio?”.
Violencia de género y riesgo para estudiantes
Las denunciantes subrayan que no solo se trata de violencia laboral, sino de violencia de género institucionalizada. “El agresor se escuda en su cargo para ejercer poder sobre las mujeres: maestras, directivas y personal administrativo. Pero también están en riesgo las estudiantes, adolescentes de entre 12 y 15 años. Si este servidor público es capaz de violentar a sus compañeras docentes, ¿quién garantiza que no actúe de forma indebida con las alumnas?”, advirtieron.
En septiembre de 2023, la SEPE retiró medidas de protección otorgadas a una de las víctimas, a solo veinte días de una nueva agresión física, emocional y verbal cometida por el mismo servidor público. Esta acción institucional, aseguran, pone en evidencia el abandono del deber de proteger a las víctimas.
“Por nuestras hijas, por nuestras compañeras: no más silencio”
Las maestras coinciden en que han enfrentado amenazas, hostigamiento y represalias, pero que su lucha busca visibilizar una problemática estructural dentro del sistema educativo tlaxcalteca.
“Lo que nosotras vivimos no es un caso aislado. Somos varias. Hay muchas que aún tienen miedo. Nosotras decidimos hablar por ellas, por nuestras hijas, por nuestras sobrinas, por las estudiantes. Porque no podemos permitir que haya más impunidad, que un agresor siga en funciones bajo el respaldo institucional de quienes lo protegen”.
Las denunciantes exigen a la SEPE, a la Contraloría del Estado, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Secretaría de la Función Pública actuar con responsabilidad, suspender definitivamente al agresor, garantizar medidas de protección para las víctimas y establecer mecanismos que erradiquen la violencia de género dentro del sistema educativo.
