TEMA NUEVO EN MÉXICO
POR: LIC. NOÉ JUÁREZ DELGADILLO
“Pocos ven lo que somos,
Pero todos ven lo que aparentamos”
Nicolás Maquiavelo
La sociedad mexicana al igual que todo el mundo, se encuentra viviendo uno de los momentos históricos más complejos, la pandemia que vivimos aún está lejos de poder controlarse y aunque los esfuerzos médicos y científicos han logrado ciertos avances, aún no se ha logrado contener el avance del COVID 19. Este es el contexto que estará en torno a uno de los momentos políticos más importantes que México vivirá el próximo año.
La revocación de mandato es un mecanismo que, en América Latina, al menos siete países lo tienen instaurado, ya sea para relevar al presidente de la República o a los gobernadores de entidades subnacionales. Para nuestro país, es una práctica nueva que aún no se ha puesto a prueba, pero que busca dar control sobre el ejercicio del poder al electorado, así los ciudadanos pueden someter a su propio juicio a quienes detentan el poder, de esa forma se establece un nexo de responsabilidad entre los funcionarios y ciudadanía. En el discurso se ha tratado de posicionar el concepto de democracia participativa o directa con el objetivo de dotar de legitimidad a esta figura tan controversial.
Siempre que se habla de democracia se dice que la soberanía reside en el pueblo y que este a su vez, al elegir a sus representantes populares, les será otorga un mandato durante cierto periodo de tiempo y con carácter imperativo. Es por ello que es legítimo que los electores puedan llamar a cuentas a los funcionarios elegidos y con base a sus acciones u omisiones, aciertos o desacierto, los evalué dentro de un mecanismo constitucionalmente reconocido para dar confirmar o revocar el mandato previamente otorgado y reconocido por las instituciones democráticas.
La revocación de mandato en México es un tema nuevo y más aún toma relevancia al ser la presidencia de la República la que estaría siendo puesta a prueba. Es en el artículo 35 constitucional, donde se asienta el derecho de los electores a participar democráticamente en este tipo de mecanismos de democracia directa. Recientemente se aprobó la Ley Federal de Revocación de Mandato que consta de 61 artículos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de septiembre de 2021.
Uno de los principales requisitos que estipula dicha ley para la ejecución de este instrumento, es que sea solicitado por al menos el 3% de la lista nominal electoral. De esta forma se busca garantizar que sea la ciudadanía y nos los partidos políticos o alguna entidad de gobierno, quienes realicen la petición de comenzar el proceso de revocación de mandato. El periodo para convocar al electorado sería dentro de los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año de gobierno y una vez presentada la convocatoria, la consulta deberá realizarse hasta 90 días después de haberse presentado la solicitud. Como requisito valido de participación ciudadana deberá acudir a las urnas al menos el 40 % de las personas inscritas en la lista nominal y la revocación sólo procedería por mayoría absoluta. Así se también se establece que será el INE quien realice todo lo concerniente a la consulta ciudadana y quien al final daría el resultado de la decisión del electorado.
Cabe mencionarse que la revocación de mandato ha sido una iniciativa clave del actual gobierno y que incluso cuando se aprobó la ley en el senado, esto fue celebrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que la revocación de mandato pasó de ser una iniciativa de campaña a una ley concreta y que en marzo próximo sentará precedente.
Debemos tener presentes varias preguntas ¿Por qué un presidente impulsa una ley que podría parar sus funciones? ¿Cuál es el trasfondo del que normalmente la ciudadanía no se entera y que esta en las letras pequeñas de estas leyes? ¿los electores acudirán a emitir su opinión con responsabilidad? De darse un resultado adverso al gobierno actual ¿realmente acataría los resultados o descalificaría al INE?
Es que tal vez sea una nueva estrategia para estar en los medios de una manera indirecta y a su vez posicionar los programas y proyectos del gobierno que encabeza. Es tan grande la necesidad de legitimar la política anticorrupción que anuncia en cada conferencia de prensa mañanera.
Hoy más que en otros momentos se requiere orientar recursos a otros sectores como la salud, el medio ambiente y la educación que en legitimar gobiernos. La revocación de mandato exige un presupuesto millonario y resulta innecesaria su aplicación ya que periódicamente el presidente López Obrador presume la aprobación que le otorga la ciudadanía a través de múltiples encuestas. El mismo ha señalado que es reconocido a nivel mundial como uno de los mandatarios con mayor aprobación. En un contexto en donde el sector salud exige de un presupuesto mayor y que la economía se encuentra severamente dañada por la pandemia de COVID 19, convocar a la revocación de mandato para fortalecer la popularidad del presidente de la república resulta un error de grandes dimensiones.
Hoy, frente al momento coyuntural que vive la humanidad, la política del gobierno no debe ser evaluada en las urnas; mas bien debe ser evaluada en el impacto de su efectividad, que se palpe en el funcionamiento del INSABI, que se note que las becas otorgadas a estudiantes, han propiciado alumnos destacados, aun con lo que se esta viviendo en estos momentos. Que la economía no se quiera sanear con ocurrencias y que no se trate de engañar a los ciudadanos con acciones como el fallido intento por controlar el precio del gas.
La efectividad de la revocación de mandato no la opinión de los electores, pues la realidad es que la opinión de las multitudes es fácil de inclinar para un lado de la balanza. La democracia se colapsa en escenarios de desastre económico. Si en verdad se quisiera una evaluación seria para analizar la continuidad del gobierno, se debería realizar mediante una serie de mediciones objetivas, académicas y de estándares internacionales sobre sus resultados en sus programas de gobierno.
La revocación de mandato no debe ser propaganda electoral. Gastar millones de pesos con miras a la elección de 2024 es una traición, una mentira y una forma disimulada de hurtar al pueblo.
